Garantizar la sostenibilidad del sector porcino, que representa el 3,5 % del PIB de Aragón, es el objetivo que persigue el decreto de purines aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, por el que se opta como solución pionera e innovadora por centros de gestión, que podrán ser públicos o privados.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha explicado tras el consejo de Gobierno que el objetivo del decreto, que ha sido complejo y largo en su tramitación, es asegurar la gestión sostenible de los purines y convertir un problema en solución mediante la recogida, tratamiento y aplicación de los estiércoles como fertilizante.

"Es la solución por la que apostamos", ha resaltado el consejero, por medio de un decreto que establece la necesidad de funcionamiento de centros de gestión de purines, que es la prioridad del Gobierno, o la autogestión ante el reto que representa el tratamiento sostenible de purines y eliminar el riesgo de contaminación, sobre todo de acuíferos, para garantizar la sonstenibilidad de un sector en crecimiento.

El centro gestor podrá ser una entidad pública o privada autorizada y registrada por la administración para realizar bajo su responsabilidad cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los estiércoles. No podrá ser centro gestor el titular de una explotación ganadera.

Además, se regula el modelo de autogestión de los ganaderos que apliquen por sí mismos el estiércol como fertilizante, basado en las declaraciones anuales del interesado en las que se identifican las cantidades de estiércol aplicadas a cada parcela en cada campaña agrícola, adaptándose a las necesidades de la explotación agrícola y a la demanda de los distintos cultivos.

En el caso de que el ganadero opte por la entrega de todos los estiércoles a los centros de gestión, el sistema de declaraciones anuales se limita a precisar las cantidades entregadas a los centros de gestión y a identificar los centros que los han aceptado.

El sistema de declaraciones anuales también se adapta al supuesto de que el ganadero opte por una combinación entre la autogestión de una parte del estiércol y la entrega del resto a los centros de gestión.

El decreto recoge, además, la necesidad de ajustar y controlar las dosis de aplicación de los purines a los suelos, lo que exige tener una previsión de disponibilidad de superficie e identificación de las parcelas agrícolas a utilizar, con el nivel de detalle correspondiente a los recintos establecidos en el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas aplicado en la gestión de la Política Agrícola Común (SIGPAC).

A partir de aquí, se crea una base de datos georreferenciada asociando explotaciones ganaderas y recintos SIGPAC.

Se asocia a cada recinto SIGPAC una cantidad de nitrógeno máxima que puede soportar en kg/año. Estas dosis máximas se han establecido inicialmente en 210 kgN/Ha/año como criterio general, salvo en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos y en los espacios de la Red Natura 2000, donde se ha establecido en 170 kgN/Ha/año, o bien por otras excepciones de aplicación (PORN, Planes de actuación).

El decreto introduce un régimen sancionador en el ámbito administrativo, hasta el momento se actuaba en el ámbito penal cuando se detectaba una infracción "in fraganti", de forma que a partir de ahora la administración aplicará sanciones cuando se detecte un uso del purín que no sea el de fertilizante, puesto que éste se consideraría un residuo.

Al margen del decreto, el Gobierno de Aragón ha declarado zonas con sobrecarga ganadera por exceso de nitrógeno procedente de la actividad ganadera -Albalatillo, Alfántega, Altorricón, Castillonroy, Mirambel, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Sena, Vencillón, Mainar y Villarreal de Huerva- donde no se podrán ampliar o construir nuevas granjas, salvo que se acrediten soluciones alternativas a las habituales para la gestión de los purines.

También se han ampliado las consideradas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, donde la Administración va a ejercer un mayor control en el cumplimiento de la condicionalidad de la PAC, es decir, se elevan las exigencias para garantizar que las prácticas agrarias sean respetuosas con el medio ambiente.

Además, por vez primera se ha regulado, a través de una orden, la prohibición de instalar granjas intensivas en un kilómetro a la redonda de los Espacios Naturales Protegidos y de medio kilómetro de su zona periférica de protección, en caso de existir.

Fuente: Heraldo.es